El caso de Marta del Castillo ha levantado la expectación del público de forma excepcional. Aprovechando la coyuntura, algunos medios de comunicación han exacerbado la información, confundiendo el morbo con lo realmente interesente para sus audiencias. Se ha montado un auténtico circo mediático en el que se ha frivolizado lo sucedido e, incluso, puesto en riesgo el derecho a la intimidad de los menores implicados, paseándolos de plató en plató. No todo vale por unas décimas de audiencia.
El brutal asesinato de la joven ha provocado intensos y constantes debates por parte de los tertulianos de los programas de televisión, que han contribuido a aumentar el sentimiento de conmoción y exasperación en la opinión pública. Como sucediera con el caso de la niña Mari Luz Cortés, de nuevo se pone sobre el tablero el debate del establecimiento de la cadena perpetua. No cabe duda de que los familiares de la joven y la sociedad en general quieren que todo el peso de la justicia caiga sobre el autor del asesinato y sus encubridores, pero la cadena perpetua es una aspiración muy ambiciosa, a la par que injusta. Nos hemos equivocado de debate y objetivos, y hemos dejado que el corazón se imponga al cerebro. Estamos hartos de conocer casos de asesinos y delincuentes que no cumplen de manera íntegra las condenas que se les han dictado. Por tanto, nuestra aspiración y reivindicación inmediata es que todos los condenados cumplan la totalidad de su pena, ni más ni menos. A pesar de la convicción contraria de parte de la opinión pública, las leyes penales llevan endureciéndose sin pausa desde principios de los noventa, hasta llegar a los actuales 40 años de condena máxima.
Si se piensa razonadamente, la cadena perpetua no es eficaz y atenta contra la dignidad humana. El Estado castiga a gente que ha cometido actos inhumanos con sanciones igualmente inhumanas. Es algo así como el ‘ojo por ojo y diente por diente’. Es preciso reflexionar si una pena privativa de libertad que se imponga durante toda la vida que reste al condenado atenta o no a esa dignidad humana. La cadena perpetua no sólo constituye la exclusión de por vida del tejido social de un sujeto, sino que lo condena a no sentir purgado su delito jamás (si se arrepiente, claro), privándole además de una nueva oportunidad.
Con todo, nuestra Constitución no permite ese tipo de condena. Según contempla, las penas están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, tareas lógicamente incompatibles con meter a alguien en la cárcel el resto de su vida. Además, ¿introduciendo la cadena perpetua se acabarían los asesinatos? En lugares como Estados Unidos, en donde se aplica la pena de muerte y la cadena perpetua, la cifra de delincuencia y delitos es más elevada que en Europa, donde no existe ninguna de las dos penas.
Calma y sosiego. Por mal camino vamos si las leyes de nuestro país se modifican a golpe de suceso. O mejor dicho: a golpe de suceso mediático.
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