(mayo 2010)
El fantasma del déficit público acojona a España y al resto de Europa. La mayor parte de los países europeos están elaborando o ejecutando planes para reducir sus números rojos, que son muchos y muy rojos. Toca apretarse el cinturón e, incluso, hasta hacerle otro agujero. Nuestros dirigentes nos piden más esfuerzos, y que los comprendamos, pero estamos exhaustos y cansados de consentir tanto.
Una de las medidas más llamativas del drástico recorte del gasto público planteado por el Gobierno incluye la reducción de un 5% del sueldo de los funcionarios. Es una decisión que cuenta con el apoyo ciudadano, a tenor de una encuesta: algo más de la mitad de la población avala esta medida. A nadie le gusta que le bajen el sueldo, pero lo más fácil y menos injusto (parece) que es bajárselo a los trabajadores públicos. Mientras que en el sector privado muchos trabajadores se han ido a la calle, tienen que vivir con la incertidumbre de cuánto durará su contrato, y se tienen que conformar con sueldos míseros, la situación de los funcionarios es, como poco, mucho mejor: tienen un salario fijo para toda la vida, que aumenta un poquito más cada tres años y saben que nunca pisarán una oficina del INEM a menos que vayan de visita (sé que me acabo de ganar la amistad de los 2,6 millones de funcionarios…).
Con estas medidas Zapatero se carga de un plumazo su bandera estrella, su seña de identidad, la política social, que tanto ha enarbolado. Ahora la aparca, tal vez obligado por el contexto que vivimos y sucumbiendo quizás a intereses. Porque hay otras muchas formas de reducir el déficit sin tocar el gasto social, como eliminar el fondo de ayuda a la banca, recortar las partidas militares o reducir las ayudas a la Iglesia católica.
Además, estas medidas llegan tarde. Llevamos más de dos años de crisis, ¿por qué no hizo un plan de reducción del déficit público cuando éste empezaba a crecer? El presidente del Gobierno asegura que “muchos ciudadanos no entenderán que les pida más esfuerzo”. Y cuánta razón tiene… ¿Cómo van a entender millones de funcionarios y pensionistas que ellos deban ser los que paguen la crisis mientras los causantes de la misma siguen tan cómodos en sus sillones?
